El PSPV rechaza que sea obligatorio solicitar un mínimo de tres propuestas para los contratos superiores a 3.000 €

Fuster: “Lo que para la izquierda antes era participación, ahora hablan de eliminar burocracia y ser más eficientes. La realidad es que pretenden seguir aplicando el dedazo en las adjudicaciones sin tener que dar explicaciones a la ciudadanía”

Burriana, 14 de junio de 2018: El PSPV de Burriana ha rechazado la moción del Partido Popular para que en los contratos superiores a 3.000 euros fuera obligatorio solicitar un mínimo de tres propuestas. El portavoz popular, Juan Fuster, ha asegurado que “entendemos que con nuestra propuesta, las empresas de Burriana estarán en igualdad de condiciones porque todas podrán optar a trabajar para el ayuntamiento sin que el dedazo del equipo de gobierno sea el que diga quien hace el trabajo y quien no”.

Los populares consideran que “nuestra propuesta era justa para que ya se estaba aplicando con el Partido Popular y para nada iba a paralizar la administración, que es la excusa que pone el equipo de gobierno para rechazar nuestra moción, porque ahora hay los mismos funcionarios que cuando gobernaba el Partido Popular y ya se pedían mínimo propuestas a tres empresas; y porque el ayuntamiento puede fijar un plazo mínimo de entre tres y cinco días para que las empresas contesten. Pero para eso se necesita precisión, algo que el equipo de gobierno no tiene”. 

“Lo que para la izquierda antes era dar más participación, -ha continuado el portavoz popular- ahora hablan de eliminar burocracia y ser más eficientes. La realidad es que pretenden seguir aplicando el dedazo en las adjudicaciones sin tener que dar explicaciones a la ciudadanía”.

Cabe recordar que el PP incluyó esta propuesta a través de un decreto de alcaldía de fecha 5 de mayo de 2014. De esta manera se conseguía reducir el procedimiento de contratación menor a 18.000 euros para suministros y servicios y de 50.000 euros para obras a 3.o00 euros. “Con ello, dotábamos  la contratación municipal de mayor transparencia y participación”.

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la nueva ley de contratos a finales del año pasado “ha servido de excusa para la alcaldesa Mª José Safont para eliminar esta obligatoriedad y campar a sus anchas, sin tener que dar explicaciones a la ciudadanía de a qué empresa contratan y a cual no”.

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